Personas con discapacidad intelectual de toda España exigen un paso adelante por su derecho a decidir

• El 3 de septiembre entra en vigor la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
• Personas con discapacidad salen a la calle en toda España para celebrar el hito histórico y exigir, junto a los agentes jurídicos, sociales y políticos compromisos por parte de las Administraciones Públicas para que se garantice la reforma

En Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de septiembre de 2021.- Cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, apoyadas por las entidades de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) celebraron esta mañana la entrada en vigor de la reforma legislativa que deja atrás la incapacitación judicial y apuesta por un nuevo sistema de apoyos tal y como exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un acto conjunto replicado de manera presencial y online en diferentes comunidades autónomas.

En el caso de Fundación Tutelar Canaria ADEPSI y la Fundación Canaria de Apoyos Tutelares FUNCAPROSU, personas con discapacidad, acompañadas por Miguel Ángel Hernández González, Fiscal de la Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, junto con profesionales, personas voluntarias y miembros de patronato de las entidades acudieron a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para leer el manifiesto conjunto que sonó a las 11:00 (Hora Canaria) de este mediodía en toda España.

Con este manifiesto en lectura fácil, las personas con discapacidad, además de celebrar este hito histórico, que garantiza por ley su derecho a decidir, exigieron junto a las entidades que las apoyan y agentes jurídicos, políticos y sociales, el compromiso de las Administraciones Públicas para que se garantice este derecho en las leyes de Servicios Sociales de todas las comunidades autónomas.

Asimismo, han exigido que se pongan a disposición de la administración de justicia los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las revisiones de sentencias y procesos de garantía de apoyos según lo que establece la nueva legislación.

Del mismo modo que se incide en la importancia del soporte económico para quienes prestan los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, ya que, desde hace años, en algunos territorios, se viene arrastrando una situación que dificulta el trabajo de las entidades de apoyo, que se ven obligadas a duplicar esfuerzos para encontrar financiación suficiente que sostenga las estructuras profesionales que se necesitan para garantizar el apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Por otro lado, se ha solicitado unión y compromiso de quienes intervienen en los procesos de provisión de apoyos, personas con discapacidad, familias, poder judicial, notariado, abogacía, etc. para que estos procedimientos y la revisión de las antiguas sentencias se realicen de acuerdo a la nueva ley, asegurando la participación de la persona con discapacidad y la búsqueda de los apoyos más adaptados a sus necesidades.

También se ha profundizado en la necesidad de que este cambio de mirada hacia las personas con discapacidad que necesitan apoyos a la capacidad jurídica, vaya más allá de las entidades y servicios de apoyo, sus familias y los agentes jurídicos. Por ello, se ha hace un llamamiento a la sociedad en general para que se sume a ese cambio de mirada y que, además de lograr una “vida digna, deseada y normalizada” también tengan una vida incluida en su comunidad.